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En el momento en que cualquier autoridad tenga conocimiento de la desaparición de una mujer, adolescente o niña deberá, de manera pronta y sin dilación alguna, comunicar los hechos a las autoridades responsables de la búsqueda y realizará las acciones de búsqueda inmediata que estén a su alcance. Se establecerá una coordinación eficiente y eficaz entre todas las autoridades involucradas en la misma. Deberá eliminarse de manera oficiosa cualquier obstáculo de derecho o de hecho que impida la efectividad de la acción, como exigir investigaciones o procedimientos preliminares. Asimismo, la búsqueda deberá realizarse, en un primer momento, en los lugares en donde exista mayor probabilidad de encontrar a la persona desaparecida, sin descartar arbitrariamente otras opciones o áreas de búsqueda.



Todas las dependencias del Estado, cuando conozcan de hechos probablemente constitutivos de un delito que implique violencia de género contra las mujeres, adolescentes y niñas, adoptarán medidas para brindarles la máxima seguridad y protección a su integridad física y psicológica, garantizando actuaciones con perspectiva de género y en observancia del interés superior de la niñez. Para ello, las y los servidores públicos que intervengan aplicarán los estándares más altos de respeto a la dignidad de las víctimas y, de manera interdisciplinaria, trabajarán en su atención.
El objetivo del Protocolo Alba es la búsqueda “CON VIDA” de mujeres, niñas, niños y adolescentes reportados como desaparecidos.
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